1. Sólo 120 días tomó al FNRP sobrepasar UN MILLÓN de firmas de declaración soberana para asamblea constituyente
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 30 Agosto. 2010. El total de un millón 19 mil 765 firmas de declaración soberana para un asamblea constituyente, y el retorno seguro e incondicional del presidente en el exilio, Manuel Zelaya y unos 200 hondureños más, alcanzó, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en escrutinio de este domingo en Juticalpa, Olancho.Según informó el representante de la Comisión para la Colecta de Firmas, Rasel Tomé, 23 municipios olanchanos se hicieron presentes en la sede del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureña (Colprosumah), “a pesar de tener que atravesar grandes distancias en medio de una carretera destrozada”.
Explicó que junto a Eulogio Chávez, también miembro de esa Comisión, y Rafael Alegría, recibieron 475 mil 435 declaraciones, del Frente Departamental de Olancho.
Tomé, quien calificó el suceso como “un día histórico para el proceso popular revolucionario de transformación pacífica”, destacó que el trabajo de recolecta resulta del “voluntariado de cada hombre y de cada mujer, de cada sector trabajando conscientemente para la liberación”.
El proceso de recolección de firmas continúa y hay un siguiente escrutinio a realizarse en Tegucigalpa, que podría ser en la Plaza Central, el cinco de septiembre de 2010.
El 15 de septiembre de 2010, deberá cumplirse la meta de un millón 250 mil firmas de declaración soberana, proceso que va aparejado a la organización para el debate y la formación política, afirmó Rasel Tomé.
De otra parte, Rafael Alegría, destacó la presencia en el evento de doña Hortensia Rosales, madre del presidente defenestrado, Manuel Zelaya, y de su hermano Carlos.
El Subcoordinador del Comité Ejecutivo del FNRP, Juan Barahona, expresó que “llegar al millón es un triunfo y no solamente vamos a llegar al millón, vamos a pasar la meta mínima que nos hemos propuesto de 250 mil a septiembre, y lo vamos a lograr”.
Tarea prioritaria en menos de 120 días.
El 19 de julio de 2010, el Comité Ejecutivo del FNRP, en su primera reunión de trabajo, determinó que, los 56 delegados de los 18 departamentos del país y de organizaciones sociales, que componen la Coordinación, concentraran sus acciones en la colecta de firmas de declaraciones soberanas para una Constituyente.
El 20 de abril de 2010, a 297 días de resistencia, en medio de una movilización a la salida de la región sur de Honduras, miles de integrantes del FNRP comenzaron a registrar, en plena calle, sus primeras firmas ciudadanas.
El 14 junio de 2010, el conteo global ya había sobrepasado el medio millón de firmas.
¿Qué es la firma de declaración soberana?
Cada ciudadano y cada ciudadana, declara y firma su voluntad para que “nos convoquemos a una Asamblea Nacional Constituyente”, a instalarse con una “mayoría popular” para redactar y aprobar una “nueva constitución” que “garantice” los derechos fundamentales, individuales y colectivos “de manera efectiva”, y democratice de manera “participativa” la vida del país, consigna el documento.
2.
Dónde, cuándo y a qué hora la huelga general, pregunta magisterio a organizaciones obreras
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 30 Agosto. 2010. “Estamos listos porque nos consideramos productores de conciencia, estamos a las órdenes y les decimos dónde, cuándo y a qué horas, por el aumento del salario mínimo y su revalorización”, dijo, ayer, el presidente del Coprumh, Edgardo Antonio Casaña, en torno a la huelga general que han anunciado las organizaciones obreras.
Casaña comentó que ya ha sido instalado un Comité General que debe preparar las condiciones para una lucha inmediata y exigen a las centrales obreras para que “de una vez definan” irse a una huelga general.
El presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial Hondureño (Coprumh), dijo que la huelga es “una salida ante un diálogo para el que, el régimen de Porfirio Lobo, ya debió llamar a los obreros y aún no los ha llamado”.
Por su parte, el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Israel Salinas, además de su solidaridad con el magisterio, manifestó que “hay una crisis profunda, una agenda de siete puntos que no ha tenido respuesta de parte del Régimen”.
Salinas expresó que se reunieron el jueves pasado 26 de agosto y llegaron los 40 delegados de la CUTH; estuvieron ausentes representantes de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH); y sólo llegaron tres de la Central General de Trabajadores (CGT).
En el encuentro se reafirmó la decisión de la huelga general; pero se necesita que “participen todos”, y que por la CUTH “ya está todo decidido, y no se pueden dejar organizaciones fuera porque la huelga es del país, a nivel nacional”, informó Salinas.
Sobre las reuniones con Porfirio Lobo, afirmó que “después del último encuentro, no ha habido ninguna reunión, ni negociación, están rotas, no podemos hablar de negociaciones a estas alturas. Está en manos de Lobo, es su deber y ya lo hubiera hecho, tienen temor, tienen miedo, tiene vacilación”.
Salinas expresó que el sector laboral organizado ha interpuesto una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Ley de Trabajo Temporal y esperan respuesta, porque el mismo Congreso también hizo consulta a ese órgano mundial.
Aseguró que al no haberse ajustado todavía el salario, hay una “violación flagrante a la Ley del Salario Mínimo”.
3.
MUCA: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”
Rel-UITA
| Ante la indiferencia del gobierno y la voracidad de un latifundismo represor |
El asesinato de tres miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) el pasado 17 de agosto y el incumplimiento de varios puntos del Convenio firmado con el gobierno, hicieron nuevamente crecer la tensión en el Bajo Aguán. La organización campesina denuncia el silencio del gobierno y la estrategia dilatoria y represiva de los latifundistas productores de palma africana. Advierte que la paciencia se está acabando.
“La represión nunca ha terminado en el Bajo Aguán. La Policía y los guardias privados del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé, siguen hostigándonos y atentando contra nuestras vidas”, denunció a Sirel el directivo del MUCA Matías Valle.
Víctor Manuel Mata Oliva , Sergio Magdiel Amaya y Rodving Omar Villegas, de 40, 18 y 14 años respectivamente, fueron ultimados de varios disparos el pasado 17 de agosto.
Pertenecían al asentamiento La Aurora, donde en junio pasado fue salvajamente torturado y asesinado otro miembro del MUCA, el joven Oscar Geovanny Ramírez, de 17 años.
Vidas jóvenes segadas para siempre, en medio de un conflicto agrario y de un modelo productivo, el de la palma africana y de los monocultivos en general, que engendra pobreza, destrucción ambiental y que enriquece a unos pocos.
Una campaña de terror que en ocho meses ha dejado un saldo de diez campesinos asesinados, más de 200 juicios en contra de miembros del MUCA, y una situación de violencia y hostigamiento que la firma del Acta de Compromiso con el gobierno no ha detenido.
De acuerdo con un comunicado emitido recientemente por FIAN Honduras*, el Acta firmada con el gobierno prevé “mantener un entorno respetuoso de los derechos humanos”.
Sin embargo, “los campesinos están bajo incertidumbre permanente”, no sólo por las agresiones, la posibilidad de ser asesinados, las órdenes de captura y el riesgo de desalojo, sino también “por la precariedad en la que se encuentran junto con sus familias”, explica el documento.
“De las 3 mil hectáreas ya cultivadas con palma africana sólo nos entregaron 1.700, y ya se venció el plazo para que se nos entregaran las otras 3 mil no cultivadas –explicó Valle–.
Tampoco se realizó el informe jurídico sobre la compra-venta de las tierras por parte de los terratenientes. Es decir, hay una reiterada violación de los acuerdos.
El que manda aquí es Miguel Facussé. Quiere cobrar una cantidad exagerada de dinero por las tierras y sigue con una campaña mediática y represiva contra nuestro movimiento. Y el gobierno no hace nada”, dijo el directivo del MUCA.
Quieren derogar el Decreto 18-2008
La ya grave situación que se vive en el Bajo Aguán podría ahora extenderse al resto del país. Miles de campesinos marcharon el pasado 26 de agosto en defensa del Decreto 18-2008.
Con ese decreto aprobado por el Congreso durante el gobierno de Manuel Zelaya, se pretendía legalizar las tierras en manos de campesinos y resolver el delicado problema de la mora agraria.
Sin embargo, ante las presiones de la empresa privada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaría a punto de derogarlo.
“La amenaza de la derogación del Decreto 18-2008 va en sentido contrario a la solución del conflicto agrario hondureño, al impedir la distribución equitativa de los recursos y con ello, de la superación de la pobreza.
Al mismo tiempo – explica FIAN Honduras en su comunicado– se incentivan las tomas de tierra como única salida frente a la inexistencia de políticas públicas”.
Ante esta situación, el MUCA aclaró que no se va a quedar de brazos cruzados.
“Nos vamos a movilizar juntos con todo el movimiento campesino. Vamos a defender ese decreto hasta las útimas consecuencias. Si nos toca derramar nuestra sangre, lo vamos a hacer, porque lo que está en juego es el alimento para nuestras familias”, advirtió Valle.
María Gutiérrez, secretaria de Vigilancia del MUCA, y Matías Valle remarcaron la importancia de la solidaridad internacional.
“Esa solidaridad permitió que se conociera nuestra lucha y nos dio más fuerza. Ya no nos sentimos solos, y le agradecemos a la UITA por el respaldo que nos ha brindado.
Es importante –continuaron los miembros del MUCA– que los ojos del mundo sigan puestos en el Bajo Aguán y en Honduras. Sin presión internacional, estos bárbaros someterían a todo el mundo.
No podemos permitir que sigan cercenando nuestro derecho a la tierra. Vamos a seguir presionando para que se cumpla lo acordado y a planear acciones futuras”, concluyeron.
4.
Brasil y Venezuela, dos procesos electorales cruciales para este otoño
| Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez |
Introducción
En América Latina se celebrarán este otoño dos procesos electorales que tendrán una relevancia decisiva para la dirección que adopte la política económica y exterior en la próxima década.
Las elecciones legislativas venezolanas del 26 de septiembre determinarán si el Presidente Chávez es capaz de obtener la mayoría de dos tercios necesaria para continuar con su programa socialista democrático sin padecer los bloqueos continuos en la tramitación impuestos por una derecha cada vez más dura.
Brasil, la economía industrial y exportadora de productos agrarios más poderosa y dinámica de la región, afronta sus elecciones presidenciales el 3 de octubre.
En ambos países, el electorado está muy polarizado, si bien en Brasil no se estructura en torno al eje socialismo-capitalismo.
En Venezuela, la derecha pretende frenar nuevos procesos de nacionalización de industrias estratégicas, fomentar la desestabilización promoviendo la desobediencia y el sabotaje de las iniciativas políticas de base de las comunidades locales e imponer restricciones al gasto presupuestario en programas sociales e inversiones públicas. El objetivo estratégico de la derecha es incrementar la penetración institucional del Ejército, los servicios de inteligencia y las agencias de «ayuda» estadounidenses con el fin de debilitar las iniciativas de política exterior independiente del Presidente Chávez y presionar a su gobierno para que haga concesiones a la Casa Blanca, sobre todo debilitando su apoyo a Irán, Palestina y, lo más importante, las organizaciones político-económicas latinoamericanas independientes que excluyen a Washington (MERCOSUR, ALBA y UNASUR).
Elecciones presidenciales: Brasil
En Brasil, las elecciones presidenciales enfrentan a la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, respaldada por el saliente Presidente Lula Da Silva, contra el antiguo gobernador del estado de Sao Paulo y abanderado del Partido Socialdemócrata Brasileño, José Serra. Las etiquetas del partido son irrelevantes, pues ambos candidatos han fomentado y están proponiendo continuar con políticas de desarrollo agro-minerales de libre comercio impulsadas por las exportaciones, y ambos encuentran respaldo entre las élites empresariales y financieras. Pese a sus vínculos con las élites empresariales y evitando toda clase de transformación radical (o siquiera moderada) de un sistema de distribución de riqueza y propiedad de las tierras enormemente desigual, hay diferencias esenciales que afectarán al resultado: (1) el equilibrio de fuerzas en el continente americano, (2) la capacidad de los movimientos sociales brasileños de articular sus demandas con libertad, (3) el futuro de los regímenes de centro-izquierda de los países vecinos (sobre todo, Bolivia, Venezuela y Argentina), y (4) los consorcios de capital público y privado para los campos petrolíferos inmensos recién descubiertos frente a sus costas.
Serra desplazará la política exterior de Brasil hacia una mayor adaptación a Estados Unidos, debilitando o rompiendo los lazos con Irán y reduciendo, o incluso eliminando, los programas de inversiones conjuntas con Venezuela y Bolivia. Sin embargo, Serra no modificará las políticas comerciales e inversionistas en el exterior en lo que se refiere a Asia. Serra proseguirá con las políticas de libre comercio de Lula con la intención de diversificar mercados (salvo donde Estados Unidos define «amenazas» geopolíticas o intereses militares) y promover las exportaciones de los sectores agrario y energético-minero. Mantendrá la política de Lula de superávit presupuestario y ajuste fiscal y de rentas. Es probable que las políticas sociales de Serra profundicen y ensanchen los recortes de las pensiones públicas y continúen con su criterio de restricción salarial, al tiempo que reducen el gasto público especialmente en educación, sanidad y lucha contra la pobreza. En ese ámbito fundamental que es la explotación de los nuevos yacimientos de gas y petróleo inmensos, Serra reducirá el papel del Estado (y su participación en los ingresos, los beneficios y la propiedad) en beneficio de las empresas petrolíferas privadas del extranjero. Es menos probable que Serra fomente la concertación con los dirigentes sindicales y que recurra a una mayor represión «legal» de las huelgas y a la criminalización de los movimientos sociales rurales, sobre todo los de ocupación de tierras del Movimiento de los Sin Tierra (MST). En el ámbito de la diplomacia, Serra se aproximará más a Estados Unidos y a sus políticas militaristas, sin mostrar apoyo manifiesto a la intervención militar directa. Una señal de que Serra suscribe el programa de Washington fue calificar al gobierno reformista de Bolivia de «narco-estado», haciéndose eco de la retórica de Hilary Clinton, en marcado contraste con los vínculos amistosos entre ambos países durante el mandato de Lula. Sin duda, Serra rechazará toda iniciativa diplomática independiente que entre en conflicto con las aspiraciones militares estadounidenses. La campaña de Rousseff, en esencia, promete mantener las políticas económicas y diplomáticas de Lula, incluyendo la propiedad pública mayoritaria de los nuevos yacimientos de petróleo y gas, el desarrollo de programas de lucha contra la pobreza y cierto margen de tolerancia (aunque no respaldo) a movimientos sociales como el MST o los sindicatos.
Dicho de otro modo: las alternativas son dar un paso atrás para regresar a las políticas represivas y conformistas de la década de 1990, o mantener el statu quo del libre mercado, la política exterior independiente, los programas de lucha contra la pobreza y una mayor integración en América Latina.
Si gana Serra, el equilibrio de fuerzas en América Latina se desplazará hacia la derecha y, con ello, se reafirmará la influencia y capacidad de acción estadounidense en todos los vecinos de centro-izquierda de Brasil. Serra seguirá en buena medida los pasos de Lula en política interior, administrando programas de lucha contra la pobreza a través de sus funcionarios, toda vez que garantice que el apoyo de los movimientos sociales a Lula se debilita. Ante unas opciones tan limitadas, las principales asociaciones empresariales de Sao Paulo respaldan a Serra (aunque determinados personajes del mundo de los negocios apoyan a ambos candidatos), mientras que los sindicatos principales están en la órbita de Rousseff; los movimientos sociales como el MST, que se sintieron traicionados cuando Lula incumplió su promesa de reforma agraria, hacen campaña «contra Serra», con lo que apoyan indirectamente a Rousseff. El dicho según el cual «América Latina va hacia donde va Brasil» tiene algo más que una pizca de verdad, sobre todo si analizamos el futuro y las perspectivas económicas de mayor integración para América Latina.
Elecciones legislativas: Venezuela
La Venezuela de Chávez es la clave para las perspectivas de cambio social progresista en América Latina. El gobierno socialista democrático apoya a los regímenes reformistas de América Latina y el Caribe, y con su gasto público ha consolidado avances pioneros en el ámbito de la salud, la educación y los subsidios alimentarios para el 60 por ciento de los sectores más pobres de la población.
Pese a la inmensa popularidad de Chávez durante toda la década y a los innovadores programas de redistribución y cambios estructurales progresistas, hay un riesgo evidente e inminente de que la derecha realice progresos significativos en las elecciones legislativas venideras.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) encabezado por el Presidente Chávez tiene en su haber seis años de una tasa de crecimiento elevada, un aumento de la renta y un descenso del desempleo. En su contra juegan los 18 meses de recesión en curso, una tasa de inflación y criminalidad muy altas y unas restricciones presupuestarias que limitan la implantación de programas nuevos.
Según los documentos de la agencia oficial de ayuda exterior estadounidense, en la precampaña electoral venezolana Washington ha depositado más de 50 millones de dólares en las arcas de una oposición controlada por los «frentes» políticos y de ONG que fomentan los intereses estadounidenses, centrándose en la unificación de facciones opositoras enfrentadas, subvencionando al 70 por ciento de los medios de comunicación privados y financiando a organizaciones comunitarias controladas por la oposición en los barrios de clase media y baja. A diferencia de Estados Unidos, Venezuela no exige que los destinatarios de fondos del exterior que actúan en nombre de una potencia extranjera se den de alta como agentes extranjeros. La campaña de la derecha se centra en la corrupción gubernamental y el tráfico de drogas, una orientación inspirada por la Casa Blanca y The New York Times, que se olvidan de señalar que el Fiscal General de Venezuela ha anunciado la apertura de procesos judiciales contra 2.700 casos de corrupción y 17.000 casos de tráfico de drogas. La oposición y The Washington Post indican que el sistema de distribución estatal (PDVAL) no consigue dar cauce adecuado a varios miles de toneladas de alimento, lo que hace que se estropeen y acaben en la basura, pero no cuentan que tres antiguos directores están en la cárcel y que el ministerio de alimentación suministra en el país un tercio de alimentos básicos para el consumo a unos precios que llegan a ser un 50 por ciento más bajos que en los supermercados privados.
Sin duda, la derecha realizará progresos significativos en las elecciones legislativas, sencillamente porque parten de una situación inicial baja, su suelo, puesto que boicotearon las últimas elecciones. No es probable que su campaña contra la corrupción arrolle a la mayoría que apoya a Chávez, puesto que su anterior abanderado, el ex Presidente Carlos Andrés Pérez, fue condenado por un fraude de miles de millones de dólares y por apropiación indebida de fondos públicos. Los gobernadores y alcaldes opositores también han sido acusados de fraude y malversación de fondos y se refugian en Miami. Sin embargo, aunque la mayoría de los votantes considera que Chávez es honrado y está limpio, no se puede decir lo mismo de algunos cargos públicos de su gobierno. La pregunta es si los votantes van a reelegirlos a pesar de sus antecedentes con el fin de apoyar a Chávez, o si se van a abstener. La abstención nacida del desencanto, y no de un giro electoral a la derecha, es la mayor amenaza para una victoria decisiva del PSUV.
En la carrera hacia las elecciones legislativas, el PSUV celebró unas primarias en las que muchos consejos comunales eligieron a candidatos locales y populares frente a los escogidos por los sectores oficialistas. Será revelador ver si los candidatos de la base obtienen mejores resultados que los escogidos «desde arriba». Una victoria de los primeros fortalecerá los sectores socialistas del PSUV en contraposición a los moderados.
El proceso electoral está muy polarizado siguiendo demarcaciones de clase social, según las cuales la mayoría de las clases más bajas respaldan al PSUV y las clases medias y altas apoyan casi uniformemente a la derecha. Sin embargo, hay un sector significativo entre los más pobres y los sindicatos que está indeciso y no muy motivado para votar. Tal vez decidan el resultado final en distritos electorales esenciales, y allí es donde la campaña se recrudece. Para la victoria electoral del PSUV es clave si los sindicatos, los comités de las fábricas gestionadas por los trabajadores y los consejos comunales van a hacer un esfuerzo importante para aplacar a los votantes más reticentes y que voten a candidatos izquierdistas. Hasta los sindicalistas militantes y las organizaciones de base de trabajadores se han centrado visiblemente en disculpar (asuntos salariales) «locales» o «economicistas» o en ignorar las cuestiones políticas más generales. Su voto y su actividad como líderes de opinión encargados de mostrar «la panorámica global» son fundamentales para vencer la inercia política e, incluso, el desencanto hacia algunos candidatos del PSUV.
Conclusión:
Las próximas elecciones de Brasil y Venezuela ejercerán un impacto decisivo en la política, la política económica y las relaciones de América Latina con Estados Unidos durante toda la segunda década de este siglo. Si Brasil «gira a la derecha», fortalecerá inconmensurablemente la influencia estadounidense en la región y acallará una voz independiente. Aun cuando ningún candidato dará ningún gran paso adelante hacia una mayor justicia social, si resulta elegido la candidata preferida por Lula, Dilma Rousseff, supondrá un avance en el camino hacia una mayor integración latinoamericana y una política económica y exterior relativamente independientes. Salir elegida no abrirá la puerta a ningún cambio estructural de grandes consecuencias.
Una victoria de los socialistas venezolanos reforzará la determinación de Chávez y su capacidad para proseguir con sus políticas de bienestar social, contra el imperialismo y de apoyo a la integración. La actitud firme de Chávez oponiéndose a la militarización estadounidense, incluido el golpe de Estado de Honduras y las bases militares estadounidenses en Colombia, animan a los regímenes de centro-izquierda a adoptar una actitud moderada, pero fundamentada, en contra de la militarización. Las reformas socialistas de Chávez en Venezuela ejercen presión para que los regímenes de centro-izquierda introduzcan medidas legislativas de reforma social y fomenten los programas de lucha contra la pobreza y de creación de consorcios público-privados, en lugar de seguir las medidas neoliberales de la derecha proestadounidense más dura. En Brasil, la cuestión es votar por el mal menor, mientras que en Venezuela se trata de votar por el bien mayor.
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